Por Natalia Medina

Estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes y

extensionista de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social (RedTISA)

En el marco de los talleres de construcción colectiva del Informe Sombra sobre el Cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para Naciones Unidas a presentarse en Ginebra (Suiza) el próximo septiembre 2018, Natalia Medina brinda sus reflexiones sobre cómo el Estado Argentino debería trabajar algunos de los derechos planteados por el Pacto Internacional DESC en relación a las mujeres rurales y campesinas, colectivo del que soy parte.

En principio, quiero marcar los artículos 6 - trabajo libremente escogido o aceptado- y 7 -salario equitativo e igual- del Pacto, que desde la vivencia cotidiana que atravesamos las mujeres rurales y campesina en la localidad de Florencio Varela (Buenos Aires) y de otras zonas rurales y periurbanas, no es conforme a lo enunciado por el Pacto ONU. Acá no hay goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias para nosotras. En nuestro caso hay un notable abandono del Estado que no respalda nuestros derechos laborales ni los asegura. No elegimos libremente nuestro trabajo, sino que es impuesto ante las restricciones y la falta de oportunidades...Nosotras seguimos sin tener nuestro "Estatuto", como mujeres no contamos con legislación laboral adecuada y medios para su cumplimiento.

Hay evidencias que demuestran las desigualdades entre hombres y mujeres en las políticas públicas que repercuten negativamente en las mujeres rurales y campesinas con respecto a las condiciones de trabajo y al poder tomar decisiones. Por ejemplo, no hay políticas públicas que apoyen las mujeres rurales particularmente, solo existen para acompañar al 'pequeño productor' como el Programa Público Cambio Rural 1 y 2 impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En mi zona, el Cambio Rural 1 trabaja temas de comercialización de productos, mientras el Cambio Rural 2 es para cuidar los cultivos sin aplicarles agroquímicos. En estos programas arman grupos de 'productores', generalmente hombres de la zona, dejando excluida la voz de las mujeres rurales. Las mujeres somos una contingencia en esas estrategias. ¿Cómo podemos lograr la participación real y efectiva de las mujeres cuando el patriarcado está en las políticas públicas y en los territorios? Ese patriarcado hace que las mujeres naturalicemos nuestras vivencias de subordinación cotidiana como algo normal, que debemos seguir un orden, sin visión de progreso ni vida social, solo cumplir nuestro deber de estar siempre con la familia, trabajando en el hogar y en la tierra.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU) en su artículo 10 dice "se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles", "se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto" y "se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna". Bellas palabras pero en el caso de las mujeres rurales que vivimos en la localidad de Florencio Varela de provincia de Buenos Aires, no se respeta el artículo 10, nos encontramos vulnerables y desprotegidas. En mi realidad, no hay consideraciones por embarazo, es decir, las mujeres tenemos la obligación (y necesidad) de trabajar la tierra durante el periodo de gestación y después de parir se le asigna la responsabilidad de tener que cuidar al niño/a, sin tener que dejar de trabajar, tanto la tierra como las tareas domésticas. Ninguna de las dos puede ser descuidada. En algunos casos, las mujeres rurales tienen que cargar con sus hijos en la espalda mientras plantan, cosechan o sacan las malezas de la tierra exponiendo a los niños a la inhalación de los productos químicos, o decidimos dejar los niños solos en la casa hasta que podamos terminar de realizar nuestra labor; o se les asignan a otros hijos (a partir de la edad de 6 años) que cuiden de su hermano recién nacido, cambiándole los pañales y dándole de comer. Imagínense las escenas. El nivel de desprotección es grande, no hay políticas públicas que nos asistan en esta instancia, no hay acción pública concreta ni protección social específica para las mujeres campesinas y nuestros niños.

En relación al artículo 11 de los DESC, "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia" y "reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre". Aquí tampoco se estaría cumpliendo con el derecho internacional establecido. La mayoría de las mujeres rurales y campesinas en Argentina vivimos con nuestra familia en casas muy precarias, con falta de acceso a servicios públicos esenciales como agua, saneamiento, electricidad y otros. En general, no somos propietarias de nuestras tierras y los alquileres son muy elevados, al igual que los servicios de luz que son muy costosos. En muchos casos no nos alcanza para satisfacer nuestras necesidades diarias, particularmente de alimentación, por lo cual recurrimos a solicitar fiado en el almacén para poder darle de comer a nuestros hijos. Es decir, paulatinamente vamos cada vez quedando más endeudadas e indefensas. Quienes van al frente y llevan toda esta responsabilidad de la casa somos nosotras -las mujeres-, los hombres simplemente dan órdenes. Y el Estado está ausente.

Otros problemas que surgen entorno a las mujeres rurales están relacionados con el artículo 12 "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Aquí mismo se caracteriza una cuestión muy importante que atravesamos en la vida cotidiana las mujeres campesinas y rurales: la violencia. El doble rol de trabajadoras de la tierra y el trabajo doméstico está trazado por múltiples dificultades para la salud física y mental de las mujeres ya que es muy complicado superarse cuando se instala la <>. Esa cultura del sometimiento hace que la mayoría de nosotras miremos hacia abajo y no cueste demasiado mirar hacia arriba o hacia el futuro, otros futuros. También cuando una tiene que hablar con otra persona ajena al entorno familiar nos da vergüenza, nos llena de miedo el decir algo y si nos animamos miramos hacia abajo como sintiendo culpa por ser trabajadora de la tierra. Además es porque la única socialización que establecemos las mujeres es con nuestra propia familia. Estar constantemente trabajando y cuidando a los hijos para que no le falte nada nos somete a la explotación laboral y a malas condiciones de salud física y psicológica.

Finalmente, quiero expresar que ser trabajadora hortícola conlleva a enfrentarte a dificultades permanentes relacionadas tanto con las cuestiones climáticas como con los problemas de comercialización de productos con los intermediarios y empresarios capitalistas que ejercen la violencia del dinero y engañan a los/las pequeños/as productores/as. Aquí el Estado tampoco nos protege. En la mayoría de los casos los que negocian son los hombres que forman parte de la denominada Agricultura Familiar, donde se deja al margen la participación de las mujeres quienes van 'de la tranquera a la casa y de la casa a la tranquera', y se pierden del disfrute de la vida y deben someterse a las consecuencias de las decisiones de los hombres del sector.

Entonces me gustaría preguntar, ¿Qué medidas o políticas va aplicar el gobierno argentino para garantizar la participación de las mujeres rurales y campesinas? ¿Cómo el gobierno va integrar a las mujeres rurales y campesinas a espacios reflexivos e inclusivos de la denominada Agricultura Familiar? ¿Cómo mejorará las estrategias para las mujeres rurales y campesinas en temas de salud, vivienda, y acceso a alimentos? Desde estos interrogantes y sabiendo lo importantes que somos las mujeres rurales y campesinas en la producción de alimentos de nuestro país, afirmó que el Estado debe invertir más y mejor en políticas públicas que nos protejan, fortalezcan y respalden a las mujeres rurales y campesinas para brindarnos y asegurarnos participación y acceso a los derechos humanos consagrados por los tratados internacionales como el Pacto DESC, que en Argentina, tienen rango constitucional.