En el Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ) se desarrollan diversas líneas de investigación. Alguna de ellas se vinculan directamente con trayectorias de desarrollo local y dinámicas de inclusión/exclusión social. En ese contexto, participamos de diferentes problemáticas comunitarias y territoriales, directamente relacionadas con los pueblos originarios y los conflictos vinculados con la vigencia y reivindicación de sus derechos humanos y civiles.
Desde ese conocimiento, las investigadoras e investigadores del IESCT-UNQ manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la brutal represión ejercida por la Prefectura Nacional contra la comunidad mapuche en la provincia de Rio Negro el pasado fin de semana, que ha tenido como consecuencia el trágico saldo del asesinato del joven Rafael Nahuel, dos personas de la comunidad mapuche heridos con balas de plomo, y niños y mujeres que han sido objeto de múltiples hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
El desalojo de Villa Mascardi se ejecutó el mismo día en que se prorrogó la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas, y mientras se acordaba en la Mesa Política de Co-manejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi establecer una instancia de diálogo y negociación entre la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las comunidades mapuche para encontrar una solución pacífica al conflicto.
Este hecho se suma a un conjunto de eventos previos que se caracterizan por una preocupante vulneración de las garantías constitucionales de los ciudadanos y un uso innecesario y desmedido de la fuerza. Asimismo, observamos con igual preocupación que algunas autoridades nacionales –y algunos medios de comunicación- están generando un proceso de estigmatización y criminalización de los pueblos originarios -y del pueblo mapuche, en particular- caracterizándolos como “enemigo interno” y, aun, como “terroristas”.
Ante estos hechos, que vulneran el estado de derecho, desde el IESCT-UNQ abogamos por la solución justa y pacífica de estos conflictos, enmarcados en un reclamo tan legítimo como legal: el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los diversos convenios y legislaciones nacionales e internacionales. Y solicitamos se lleve adelante una profunda investigación, que culmine con el juicio y castigo a los responsables del asesinato de Rafael Nahuel.
